La humanidad detrás de los casi 200 bombardeados por Estados Unidos

Entre el 2 de septiembre y el 5 de mayo, el gobierno Trump había explotado 58 embarcaciones, causando la muerte de 179 personas. Después de cinco meses de una labor de filigrana, juntando piezas sueltas, la investigación periodística transfronteriza y colaborativa Bombardeados, sin derecho a la defensa, pudo recoger los nombres, o al menos algunos datos, de 19 hombres muertos, casi todos humildes habitantes de las costas que se rebuscan para sostener a sus familias como pueden. También retratamos, con reportería en terreno en Colombia y Venezuela, el impacto que estos golpes de misil han tenido más allá de las familias, sobre vuelos comerciales, la cooperación contra el crimen y el flujo de drogas. Descubrimos que paradójicamente la lucha antinarcóticos regular fue más eficaz en detener la cocaína y no dejó ni un muerto.

“Reportan el fallecimiento del popular Pichirilo, gran talento deportivo Valdeciano. Nuestras palabras de condolencias a sus familiares”, publicó el 15 de octubre de 2025 @elshowderuben, una página de Facebook del programa del mismo nombre en la Emisora Radio Güiria Internacional de Venezuela. Su comentario tuvo 483 reacciones de emojis llorando, o de personas lamentando su muerte. 

“Pichirilo no sabes cómo me duele tu noticia, nunca te voy a olvidar”, escribió una amiga. “Descansa en paz, Eduardo popular pichirilo”, “que en paz descanses pana pichirilo excelente deportista. Gran talento frente al arco.”, dijeron otros. 

El día anterior, el 14 de octubre, un misil disparado por militares estadounidenses había volado una lancha fuera de la costa venezolana, frente a Güiria, un pueblo en el municipio de Valdés, del estado Sucre y  punto de salida hacia Trinidad y Tobago. Según se vio en el video oficial del gobierno estadounidense, la embarcación estaba quieta cuando la atacaron. Era el quinto golpe que propinaba Estados Unidos a barcos en el Caribe. Con las seis personas que cayeron ahí, completaban ya 27 muertos.  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump  aseguró en su red social que su secretario de Guerra, Pete Hegseth, había dado la orden de asestar ese golpe en una ruta conocida de tráfico de drogas, en aguas internacionales, y que inteligencia de su país “confirmó que la lancha traficaba narcóticos” y estaba asociada a redes de narcoterroristas.

El locutor radial del @showderuben le dijo a reporteros de esta alianza periodística que él publicó la noticia de Pichirilo porque sabía que era muy conocido en Güiria. “Este es un pueblo pequeño y aquí todo el mundo se conoce”, explicó, aunque negó saber nada acerca de las circunstancias en las que murió. 

Reporteros de Alianza Rebelde Investiga (ARI) –una coalición de los medios independientes venezolanos Runrunes, Tal Cual y El Pitazo –, aliados a esta investigación, confirmaron en Güiria que el nombre de Pichirilo era Eduardo Jaime, y que era un jugador de fútbol de sala, querido en ese pueblo costero del Caribe venezolano. Una familiar le confirmó luego por teléfono a esta alianza que Eduardo Jaime venía en la lancha volada el 14 de octubre

Desde septiembre de 2025 y hasta el 26 de abril pasado, en la llamada Operación Lanza del Sur (Southern Spear), las fuerzas militares de Estados Unidos llevaban 58 embarcaciones destruidas a golpes de misil y habían causado la muerte a 172 personas como Eduardo Jaime –según confirmó el Comando Sur de los Estados Unidos en respuesta por correo a las preguntas que envió este equipo periodístico. 

Desde entonces, y hasta el 5 de mayo, cuando se cerró esta historia, el gobierno de ese país ha anunciado públicamente que realizó otros dos ataques donde mataron otras cinco personas.  Las autoridades estadounidenses además contabilizaron en total a otros 12 desaparecidos, que se presumen muertos. No obstante, esta alianza periodística verificó con fuentes en Costa Rica, que de tres presumidos sobrevivientes, luego de un bombardeo en marzo en el mar frente a ese país, dos fallecieron antes de llegar a tierra. Así, la cuenta de los muertos llega 179 hasta el 5 de mayo. 

En su respuesta escrita, el Comando Sur de ese país dijo que “cada acción tomada durante la Operación Southern Spear (Lanza del Sur) es deliberada, legal y precisa, dirigida directamente contra los narcoterroristas y sus facilitadores. Tenemos plena confianza en los profesionales de operaciones e inteligencia que informan nuestras misiones”

No obstante, días después del ataque en que murió Pichirilo, en ese mismo octubre, funcionarios del gobierno de Trump reconocieron en reportes a congresistas y sus asistentes que no sabían la identidad ni la historia de las personas que matan, según reveló The Intercept.

“Es una tragedia doble no sólo por los asesinatos ilegales, sino que las víctimas son borradas, convertidas en anónimas”, dijo, en entrevista telefónica con el CLIP, John Walsh, de WOLA, una organización de defensa de los derechos humanos en Latinoamérica basada en Washington. 

Coincidiendo con Walsh y muchos otros, entre expertos en derechos humanos, congresistas, ex funcionarios del gobierno estadounidense y organizaciones civiles, que han cuestionado la legalidad de matar a estos hombres por la sola sospecha de que podían estar transportando drogas, desde diciembre pasado, una alianza periodística transnacional se dio a la tarea de ponerles nombre a estos muertos, convencidos de que  al conocer sus rostros e historias, emergerá su humanidad. 

La alianza, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, que reúne a los medios de la región ARI de Venezuela; 360, Casa Macondo y Verdad Abierta de Colombia; Guardian de Trinidad Tobago; y periodistas freelance en República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y México con el apoyo técnico y financiero de Airwars, hoy lanza los primeros hallazgos de la investigación Bombardeados, sin derecho a la defensa. 

Esta investigación colaborativa ha sido una labor de filigrana, tejiendo hilos sueltos de muchas tragedias. Para ello, hemos visitado caseríos y pueblos costeros en La Guajira y Nariño, en Colombia y en Sucre, Venezuela; entrevistado a familiares, amigos y conocidos de víctimas, autoridades y reporteros locales en cinco países; rastreado y verificado cientos de posteos en redes sociales; identificado decenas de publicaciones de medios reconocidos en múltiples países e idiomas; realizado decenas de peticiones de información a autoridades; contactado fiscalías, hospitales, morgues y embajadas; y hemos verificado registros públicos y judiciales. Con toda esa información, construimos una base de datos que, esperamos, contribuya al elevar la consciencia de que estos hombres eran seres humanos, que merecían haber sido juzgados si eran sospechosos de cometer algún delito. 

La mayoría de las fuentes son anónimas porque todo el mundo teme hablar. Algunos familiares de víctimas en Venezuela y en Santa Marta (Colombia), según confirmaron fuentes consultadas a esta alianza,  dicen haber recibido amenazas. Otros no quieren contar nada porque temen represalias de sus gobiernos o, peor, de los señores del narco que mandan en donde viven. Las entidades han resultado herméticas y los funcionarios que responden, sólo lo hacen off the record porque no quieren meter en líos a sus países con Estados Unidos.

Sumando las personas que otros medios y organizaciones han conseguido nombrar y las nuevas víctimas mortales identificadas por esta alianza periodística, hemos podido conseguir los nombres y apellidos de 16 de los muertos en estos ataques. De dos más, identificamos su nacionalidad; y de otro, su apodo. De otras dos personas, cuyos restos fueron a dar a la playa al norte colombiano días después de un ataque, tenemos datos de quiénes eran, pero no sabemos con certeza si cayeron en un bombardeo. De otra posible víctima tenemos su nombre completo. Identificamos a tres sobrevivientes heridos. Es buscar agujas en un pajar de 179 ejecutados, desde el 2 de septiembre hasta el 5 de mayo, y seguimos contando…

Cada explosión destroza al barco y a sus tripulantes, fuesen traficantes, pasajeros o pescadores, en mil pedazos. Sus identidades volaron al viento sobre océanos inmensos. 

Esta colaboración periodística transfronteriza también encontró que la ola destructiva no para ahí. Como lo retratará la reportería en terreno, la Operación Southern Spear ha deshilachado además el tejido de comunidades, de por sí rotas y doblegadas por el crimen organizado y la ausencia de Estado, y ha aterrorizado a pescadores y viajantes, al punto que paró la economía de un pueblo nariñense. También verificamos que en el Caribe colombiano perturbó al menos 18 vuelos comerciales. Más allá, documentamos cómo ha fragmentado la cooperación internacional de combate a las drogas ilegales, porque otras democracias temen estar involucrados en acciones que desconozcan acuerdos internacionales que rigen el mar y el derecho internacional sobre los derechos humanos. Reverbera con la onda explosiva el temor entre funcionarios y fiscalías de revelar detalles de los rescates o sus coordenadas, pues el vecino del Norte puede revirar con nuevos aranceles o ataques personales a los gobernantes. Muchas veces, ni siquiera les responden a quienes están preguntando por sus muertos. 

Los bombardeados

En el mismo bote de ‘Pichirilo’, el jugador de fútbol, viajaban Chad Joseph y Rishi Samaroo, dos trinitenses, cuyas parientes ahora reclaman al gobierno estadounidense por sus ejecuciones extrajudiciales.

De Chad y Samaroo se enteró el mundo porque sus familias presentaron una queja legal en enero pasado ante una corte federal de Massachusetts, Estados Unidos, buscando ser indemnizadas por daños y perjuicios por sus muertes. 

Según reportó el Trinidad & Tobago Guardian, miembro de esta alianza, en diciembre pasado, en el pueblo donde nació Joseph –quien tenía 26 años al momento del  bombardeo del 14 de octubre – todos lo conocían desde niño como pescador. Se había ido desde su natal Matelot, un pueblo pesquero en la costa trinitense, a vivir a donde una tía en Las Cuevas, una comunidad con lazos de toda la vida con Venezuela. 

“Fue la familia de Joseph, al ser una de las primeras en identificarlo entre más de 100 personas que han perdido su vida en los ataques, la que arrojó una luz humana sobre las personas que han muerto como resultado de los ataques de los Estados Unidos en el mar Caribe. Las historias humanas hicieron que congresistas comenzaran a ponerle presión al gobierno de Trump al pedir transparencia sobre estos ataques y al intentar cuestionarlos y detenerlos”, escribió el Trinidad & Tobago Guardian, al cumplirse dos meses de su presunta muerte. 

Ese mismo medio entrevistó a Lenore Burnley, madre de Chad, quien dijo que “desde que supo la noticia, su vida se ha caracterizado por la tormenta contradictoria de tener una vaga esperanza y la cruda realidad de la súbita muerte de Joseph, sin que haya un cuerpo para enterrar”.  Y cuando Guardian le preguntó por qué creía que Joseph se había arriesgado a salir, ella respondió: “sé de la ley del mar; la conozco desde que era joven. Si es un barco, o una cosa así, se supone que tienes que detenerlo, ¿ves? La ley no consiste en matar a personas. Donde sea que estés, no debes matar a personas así. Esta es la primera vez en mi vida, y tengo 51 años. Nunca he escuchado de algo así”.

Dijo el citado diario local que, según la la pareja de Chad Joseph, él la había llamado para decirle que iba de regreso a casa desde Venezuela.  Sallycar Korasingh, la hermana de Rishi Samaroo, había contado que él era un hombre trabajador que había pagado su deuda con la sociedad y solo intentaba recuperarse y ganarse la vida dignamente en Venezuela criando vacas y cabras para ayudar a mantener a su familia, según informó ACLU en un comunicado . “Si el gobierno de Estados Unidos creía que Rishi había hecho algo malo, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado. Deben rendir cuentas”, dijo Korasingh.

Representan a la madre de Joseph y a la hermana de Samaroo en su caso ante la justicia estadounidense, la Asociación Americana de Derechos Civiles (más conocida como ACLU, por su sigla en inglés) , el Centro para los Derechos Constitucionales y el profesor Jonathan Hafetz, de la Escuela de Derecho Setton Hall.  

Los abogados lo presentaron bajo la ley de demandas del almirantazgo, que les permite a personas reclamar compensación por daños a quien haya cometido una muerte por negligencia (wrongful death, en inglés), según el Acta de Muerte en Altamar (DOHSA), reconocida por Estados Unidos. Así mismo, invocaron el viejo Estatuto de Reclamación de Agravios Contra Extranjeros (Alien Torts Statute) que permite a los extranjeros reclamar en Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales, prohibidos en las leyes internacionales de Derechos Humanos. 

“Las muertes de Joseph y Samaroo fueron claramente ejecuciones extrajudiciales”, explicó a esta alianza periodística Steven Watt, uno de los abogados de ACLU. No se pueden justificar con argumentos como los esgrimidos por el gobierno Trump, de que estar en guerra contra las drogas les justifica el uso de los ataques violentos, dijo. 

Watt dijo además que su equipo legal, en una demanda independiente de ésta, basada en el Acta de Libertad de Información (FOIA por su sigla en inglés), pidió el memorando legal producido por la Oficina de Consejería Legal de del Departamento de Justicia, que expone la racionalidad jurídica oficial de estos ataques, porque el gobierno no la ha hecho público hasta ahora. 

Las parientes de los trinitenses aseguran que ninguno de los dos llevaba drogas, que eran ciudadanos corrientes que estaban regresando a sus casas en Las Cuevas, en Trinidad, después de trabajar en Venezuela.  

Según dijeron fuentes locales a ARI, la coalición periodística de medios venezolanos aliada de esta investigación, un hombre llamado Dushak Milovcic habría viajado en ese mismo barco atacado el 14 de octubre. Un reporte de la AP, informó que Milovcic, de 24 años, “comenzó como vigía para contrabandistas”, había estado en la Academia de la Guardia Nacional de Venezuela y, según dijeron fuentes a la reportera de esa agencia, ahora estaba involucrado con los transportadores de droga. 

El del 14 de octubre no fue el único barco del que se sospecha no llevaba drogas ilegales por el alto número de pasajeros que transportaba. Varios medios de prensa y observadores también expresaron su duda frente al primer barco bombardeado el 2 de septiembre de 2025, en el que iban 11 pasajeros. Según algunos entrevistados en terreno, que conocen el movimiento de las lanchas y hablaron con aliados de esta investigación en La Guajira colombiana y en Sucre, es frecuente que las mismas embarcaciones que de ida llevan droga, de vuelta traigan pasajeros. Los “capitanes”, como se les dice a quienes pilotean esos barcos, se apuntan a cualquier trabajo que salga.