Nuevas licencias de la Ofac en el sector minero: avanza la capitulación ante el imperialismo yanki
Por Partido Socialismo y Libertad
El pasado 10 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó un nuevo paquete de seis licencias generales (46C, 47A, 48B, 50B, 51B y 52A). Esto no significa un verdadero «alivio a las sanciones» ni tampoco un logro de la diplomacia chavista, este conjunto de licencias expresa claramente el interés de Estados Unidos en avanzar en la semicolonización económica de nuestro país, desmantelando definitivamente la soberanía sobre nuestro subsuelo.
El imperialismo ha rediseñado las reglas del juego en su relación con Venezuela para seguir saqueando nuestros recursos, particularmente el petróleo, el gas y las minas, contando con la abierta sumisión y entrega del gobierno nacional que lidera Delcy Rodríguez.
Desde el Partido Socialismo y Libertad decimos que con estas nuevas licencias se profundiza la capitulación y entrega de nuestros recursos naturales al imperialismo estadounidense, en el marco del pacto entre el gobierno venezolano y el ultraderechista Donald Trump, quien no escatima en elogios hacia Delcy Rodríguez, la que a su vez le devuelve los piropos declarándolo su “amigo”.
Lo más grave de todo esto es que la formalización del entreguismo se lleva a cabo con la complicidad de todos los diputados de la Asamblea Nacional, tanto los del falso socialismo chavista como los de la oposición burguesa. Lo que se ha evidenciado recientemente en la aprobación express de las nuevas leyes de hidrocarburos, minas y del sistema eléctrico.
Es decir que legislaron a la medida del verdugo y pedófilo sancionador para permitir empresas 100% privadas. Es así que el subsuelo y la riqueza que pertenecen a todo el pueblo trabajador venezolano, quedan ahora en manos de las transnacionales y el capital privado.
Avanza la privatización
De acuerdo a lo contenido en las nuevas licencias, se eliminan en la práctica las empresas mixtas, y se abre, tanto el sector minero, como el petrolero y el de electricidad a la inversión privada. De esta forma, el Estado venezolano pierde todo control sobre el sector minero, dejando totalmente en manos privadas el suministro de bienes, tecnología, software y servicios para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos y minas, así como para la generación, transmisión, almacenamiento y distribución de electricidad.
Si bien cuestionamos a las empresas mixtas que convertían en socias del negocio a las transnacionales, pero al menos manteniendo la mayoría accionaria y el control operativo en manos del Estado, con estas nuevas licencias eso se elimina, siendo ahora las empresas 100% privadas.
El gobierno renuncia a la jurisdicción nacional
Si una transnacional vulnera los derechos laborales, destruye el ambiente o estafa al país, los tribunales venezolanos no tendrán competencia para juzgar el núcleo del contrato. De acuerdo a lo establecido en una de las licencias, las disputas o litigios entre el Estado venezolano y las transnacionales se dirimirán en tribunales de Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Singapur.
Pero la sumisión no queda allí. Se establece que las leyes estadounidenses regirán las cuestiones contractuales entre las partes. Nos referimos a la interpretación, el cumplimiento, incumplimiento, remedios, obligaciones de pago, terminación, validez y exigibilidad.
Se trata, en rigor, de una completa capitulación ante las leyes estadounidenses y la jurisdicción de terceros países. De esta forma nos sometemos a la legalidad burguesa internacional.
No administramos nuestros recursos
El imperialismo estadounidense además nos secuestra la renta. De acuerdo a las licencias aprobadas por la Ofac, cualquier pago dirigido al Estado venezolano y sus instituciones, debe depositarse en las cuentas controladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De esta forma Washington se convierte en el “cajero” del país, controlando lo que por derecho nos pertenece. Imposible mayor sumisión del gobierno venezolano.
Además, se prohíben expresamente los pagos en oro o criptoactivos. Esto representa el secuestro directo del excedente económico producido por la fuerza de trabajo venezolana. La renta nacional circulará por una caja única que el Estado venezolano no administra. El gobierno de Delcy Rodríguez acepta este mecanismo de fideicomiso forzoso, pero además el presupuesto público del país queda totalmente subordinado a la dictadura financiera de Washington.
Todo esto no es más que una nueva vuelta de tuerca del acuerdo del gobierno venezolano con el imperialismo estadounidense, para someterse a sus designios, con el objetivo de mantenerse contra viento y marea en el poder. Que además se lleva a cabo sin ningún tipo de consulta al pueblo venezolano. Todo se cocina en la Casa Blanca y Miraflores a nuestras espaldas.
Decisiones de gran envergadura que afectan nuestro nivel de vida y la soberanía sobre nuestros recursos, no pueden quedar en manos exclusivas del gobierno y la Asamblea Nacional. Hoy no estamos mejor que antes del 3 de enero, ni estamos “brincando en un pie”, como afirma Trump. Esta sumisión del gobierno trae consecuencias muy graves sobre la calidad y condiciones de vida del pueblo trabajador.
El imperialismo y Trump nos cercan económica y socialmente, con la anuencia y el visto bueno del gobierno de Delcy Rodríguez, y «obligan» al país a realinearse bajo la órbita de sus mercados, y el gobierno venezolano acata sumisamente estas prohibiciones arrodillando al país ante la hegemonía transnacional del imperialismo.
Frente a este pacto entre el gobierno y el capitalismo-imperialista, la clase trabajadora y los sectores populares deben levantar las banderas de la dignidad, y repudiar este pacto oprobioso.
¡No reconocemos licencias imperialistas que expropien nuestra soberanía!
¡Debemos defender nuestros recursos naturales, exigir la derogación de las reformas legales entreguistas y reivindicar el control democrático de los trabajadores sobre la producción nacional!
¡La riqueza de Venezuela es del pueblo trabajador, no de las transnacionales ni del gobierno capitulador!
¡No al pacto entreguista entre el gobierno y Trump!
