Democracia protagónica

Jue 13/08/2009 - 10:21
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Por: 
Marino Alvarado

Resultan contradictorias con el propósito de construir una democracia participativa y protagónica las normas que apuntan tanto a criminalizar la protesta como la opinión crítica. El protagonismo de la población implica la posibilidad de exigir sus derechos usando los medios que le concede la Constitución, entre ellos la movilización pacífica, la huelga y la concentración. Implica la posibilidad de cuestionar los poderes públicos, de denunciar la ineficiencia, la burocracia, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos. El protagonismo implica criticar, cuestionar y proponer.

Un conjunto de normas recientemente promulgadas e iniciativas de ley en curso, además de ser inconstitucionales, atentan contra el protagonismo y por ende limitan las posibilidades del fortalecimiento de la democracia. La Ley de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot en sus artículos 24 y 25, y la Ley que regula al Indepabis en sus artículos 139 y 141, eliminan prácticamente la posibilidad de que los trabajadores puedan realizar paros y huelgas, con lo cual se les debilita la capacidad de enfrentar la explotación y abuso de los patronos públicos y privados. La propuesta de ley de delitos mediáticos aupada por la Fiscal General, que coloca en riesgo a cualquier dirigente social de terminar en una cárcel porque denuncie a funcionarios ineficientes o corruptos, informe sobre abusos policiales o se atreva a convocar a la protesta social, atenta contra la opinión colectiva o individual crítica y favorece la corrupción e impunidad.

La construcción de una democracia participativa y protagónica debe garantizar la más amplia libertad de expresión y de acceso a la información pública. Debe estimular el sentido crítico y cuestionador de las personas y de los colectivos organizados, para que sean capaces de denunciar lo que marcha mal y a su vez poder presentar sus propuestas. Una democracia participativa debe facilitar el cuestionamiento a quienes actúan de manera contraria a la ética del servidor público, debe estimular que se denuncien hechos de corrupción.

Pero cuando se considera delito porque afecta a las instituciones o al sistema democrático señalar con nombre y apellido a los corruptos, cuando se considera delito porque promueve intranquilidad pública denunciar a policías que a diestra y siniestra le quitan la vida a cientos de personas en las barriadas del país o se considera delito porque afecta la seguridad de la nación denunciar los abusos de la fuerza armada en las fronteras del país, entonces tales normas se constituyen en una camisa de fuerza para ejercer el protagonismo y desarrollar una democracia participativa.